Reflexiones candidatura C.N. Murcia

Reflexiones candidatura C.N. Murcia

Estimado compañero/a:

Iniciado el período electoral para la designación de los integrantes de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Murcia, queremos presentarte la candidatura que sometemos a tu  consideración y voto, que parte desde un impulso nítido de aportar todo nuestro saber en la gestión eficiente de los asuntos cotidianos e intentar innovar soluciones a los problemas inéditos. Tareas que, hoy, son  imprescindibles afrontar por cualquier representante institucional del Notariado Español.

Creemos haber formado un equipo lo suficientemente cohesionado en la diversidad, para ayudar a construir una respuesta colectiva del Notariado e implementar las herramientas necesarias para ello. Somos conscientes que para el éxito de este empeño es necesario un doble esfuerzo: de un lado, administrar el Colegio Notarial con directrices económicas que lo hagan lo menos gravoso para los colegiados sin reducir sus servicios internos ni privarle de influencia en la sociedad murciana; y, de otro, contribuir a un debate, serio, profundo y amplio en el seno del Notariado,  que diagnostique correctamente las fortalezas y debilidades de nuestra función profesional oficial, no solo en el actual estancamiento (económico,  institucional y político) sino también proyectadas a corto, medio y largo plazo, en el marco de los indicios patentes de las importantes transformaciones que se vislumbran en la actividad económica y en la vida cotidiana de los ciudadanos, empresas y corporaciones.

Es por ello, que nos permitimos, trasladarte algunas reflexiones:

1ª.- Organización Institucional del Notariado:

Entendemos que los Colegios Notariales deben seguir siendo las primeras piezas de nuestro  entramado institucional,  tanto en su proyección en la sociedad como en la atención y servicios a los Notarios. Pero han de ser regidos por directrices de eficiencia económica, para lo cual la debida coordinación de esfuerzos intercolegiales (por ejemplo en bibliotecas, conferencias, estudios jurídicos, etcétera) y la centralización posible de otros servicios en el CGN, son imprescindibles.  La construcción de una “carta de servicios a los colegiados” disponibles por cada uno de los Colegios y del CGN es muy conveniente. De igual modo, es importante que se apoye desde el Colegio Notarial el estudio y profundización jurídica de los Notarios; de un lado, dando  a conocer, interna y externamente,  los estudios, publicaciones y artículos elaborados por Notario y, de otro, instituyendo un premio a estudios de juristas, economistas, tecnólogos,  etcétera, sobre temas de actualidad, lo cual permitirá dar más  contenido a la celebración anual del Colegio.

Esta consideración no es incompatible con la posible elección directa por los Notarios de un órgano ejecutivo del CGN, integrado por su Presidente, Vicepresidente y otros miembros; debidamente articulado con la Junta de Decanos como órgano deliberante. Extremo que, como es sabido, requiere una profunda y acertada reforma legal.

2ª.-  Oficina pública notarial:

a) Es la pieza esencial del ejercicio de nuestra función. Por ello se ha de potenciar la mejora de la oficina  presencial (con medios que permitan evaluar la eficiencia económica de nuestros despachos y criterios de ayuda para la elección de proveedores o externalizar tareas auxiliares)  y alumbrar una verdadera oficina notarial en el mundo virtual, implementando herramientas que nos permitan estar preparados para dar respuesta a los soportes electrónicos.

b) Reequilibrar las dos realidades que conforman nuestra función: pública u oficial y profesional: Entendemos que si en las décadas precedentes, se ha destacado la vertiente funcionarial o pública para demostrar nuestra “utilidad” en la colaboración con las Administraciones Públicas e intereses generales (índices, blanqueo, etcétera), ahora debemos saber lanzar el mensaje de que forma parte de nuestra función proteger los derechos de los particulares y ayudar en su ejercicio conforme a Derecho. Esto es, nos debemos a quienes requieren nuestra función, de modo que no perdamos la confianza de quienes acuden a nuestros despachos. Esta dimensión ha de ser tenida en cuenta al plantearnos posibles “relecturas” o “reformas” de materia sensibles, como el turno o aranceles.

c) Producto de nuestra función: El documento público notarial.  Estimamos que existe un verdadero derecho a obtener la intervención notarial u otorgamiento del documento público, derivado del principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 de nuestra Constitución (que tras la sentencia del TC 27/1981, de 20 de julio, no solo es principio genérico sino verdadera obligación de los poderes públicos). Es decir, la Carta Magna al garantizar el principio de seguridad jurídica, esta implícitamente reconociendo el derecho de todo ciudadano al acceso a los servicios derivados de las funciones públicas notarial y registral. Y sobre esta base así como la declaración jurisprudencial de la no prescripción del derecho a la elevación a público de los documentos privados, como facultad de cualquiera de las partes,  es preciso extraer todas las consecuencias dogmáticas y prácticas. De un lado, recordando que la realidad jurídica queda definitivamente fijada con el contenido del documento notarial y, de otro, realizar una reflexión sobre la “discriminación” que supone que se grave tributariamente el otorgamiento de ciertos documentos públicos, solo notariales, cuando contengan “objeto valuable” y sean susceptibles de inscripción. No parece coherente penalizar tributariamente cuando se accede a la “seguridad jurídica” mediante un documento público notarial, mientras que no se devenga tal tributo si el documento público es administrativo o judicial. Debemos reconocer que en la coyuntura actual es impensable la eliminación del impuesto de AJD (en modalidad cuota gradual), aunque existan argumentos jurídicos sobrados para  ello; pero, por el contrario, puede ser factible  generalizar el tributo a los documentos administrativos (pensemos en las reparcelaciones) y judiciales, cuando contengan negocios o actos “valuables” y sean inscribibles. Eso si, a un tipo inferior al que ahora se aplica por las Haciendas Autonómicas. Dicho de otro modo, tenía su coherencia el gravamen solo de los documentos notariales, cuando éstos eran los únicos títulos de inscripción para actos urbanísticos o judiciales; pero, si se admite la posibilidad de inscripción directa de la certificación administrativa o del testimonio judicial de la sentencia, no se puede mantener la discriminación tributaria.

d) Arancel: En este ámbito hemos de destacar la, muchas veces olvidada,  naturaleza de los aranceles notarial y registral, pues la utilización de tales funciones públicas, determina el devengo de una tasa o precio público, según la vigente Ley de Tasas y Precios Públicos de 1989, coherente con nuestro carácter oficial; pero que últimamente parece haber olvidado el legislador al forzar la minutación de verdaderos negocios jurídicos con base tributaria como documentos “sin cuantía” (ejemplo Ley de Mediación). Da la sensación que el legislador tanto actual como de la pasada legislatura, perciben el Arancel como una retribución que ha de ser mínima por documento ya que solo contempla la función “fedataria”  sin valorar los criterios legales contenidos en la Ley de Tasas y, menos aún, el contenido total de la función notarial (y, por tanto, la retribución profesional).  Si esta visión se consagrara, definitivamente, en los nuevos Aranceles, es esencial que se admita la libertad del notario para percibir lo que estime pertinente por la otra vertiente profesional de nuestra función (redacción de estatutos, gestión pre y post otorgamiento, etcétera).

e)  Destacar la importante labor de conservación documental que ejercemos los Notarios, la cual no es generalmente conocida. Es imperioso que la sociedad y las autoridades conozcan, tanto la conservación responsable y actualizada que los Notarios hacemos de todos los documentos (sea de los que conforman el protocolo, como de las pólizas originales, la reproducción en el Libro Indicador, índices, etcétera), como, las posibilidades de “protocolizar” ficheros, informes y documentos (incluso de carácter administrativo para evitar su pérdida o destrucción).  

f) Equiparar los efectos de las notificaciones notariales a las realizadas por autoridades judiciales y administrativas. Si el Notario tiene el carácter de autoridad pública cuando actúa en la esfera de los hechos, es imprescindible una modificación legal para que la notificación notarial tenga plenos e inmediatos efectos jurídicos, por ejemplo,  en defensa de los derechos de desistimiento y baja de contratos y suministros prestados a los consumidores. En especial la remisión electrónica bajo la firma notarial de notificaciones a direcciones de correo corporativas de empresas y sociedades.

3ª.-   Potenciar  la innovación tecnológica del Notariado a través de su instituto tecnológico “ANCERT”.  ANCERT ha sido y debe seguir siéndolo, el instrumento sobre el cual ha pivotado la actualización y modernización del Notariado bajo las directrices del CGN. Recordemos que nace tras la decisión del CGN de encomendar a una gran empresa (tras el oportuno concurso) la realización de una Auditoría Tecnológica y el consecuente y pertinente estudio del informe emitido,   la elaboración de un Plan Estratégico y la implementación de las memorias técnicas y económicas de cada proyecto.  En definitiva, el éxito de nuestra renovación o verdadera revolución tecnológica, a decir de terceros, ha sido saber aunar el esfuerzo intelectual de los Notarios responsables de los proyectos y la dedicación profesional exclusiva de nuestros técnicos.   ANCERT no es “nuestra casa Informática”, es algo mucho más, que nos otorga una “ventaja competitiva” frente a otras corporaciones y visualiza el ánimo constante de innovación de herramientas tecnológicas robustas al servicio del Notariado en su conjunto.

 

 

En definitiva, como se puede observar en las líneas anteriores, proponemos sin complejos:

1º) Extraer de nuestra función todas sus posibilidades, antes que acometer tareas que nos descentren o aparten de obtener todas las consecuencias normales de nuestra función pública notarial y  extrajudicial,  en todas las esferas de los hechos y negocios jurídicos, con la misma eficacia que se predican de otros documentos públicos; siempre, sabiendo que somos los únicos que estamos en el momento de la verdad, cuando las partes debidamente informadas y previo control de legalidad se obligan de modo definitivo. Es decir,  si tenemos que asumir otras funciones, lo haremos, pero sin mezclar o confundir lo que los ciudadanos, emprendedores, profesionales y funcionarios saben desde muy antiguo: Cuando se sale de la Notaría “todo está hecho, es definitivo, es verdad y seguro”.

2º.- Cimentar la Junta de Decanos o Consejo General del Notariado  no en la inútil búsqueda de la “unidad” (como se ha entendido en los últimos años), sino en la exigencia de lealtad al Notariado del Reino de España del cual es su máximo órgano de gobierno y representación. Es imprescindible que todos sus integrantes sean conscientes de la responsabilidad institucional del cargo que ejercen, lo cual no es incompatible con el debate y discrepancia, pero si con la deslealtad.

3º.-  En el momento actual, mucho nos tememos que no vale la mera gestión de lo obvio, siendo imprescindible la búsqueda de soluciones innovadora a problemas inéditos. Por tanto, creemos que la respuesta no está en acertar a la hora de elegir un programa o propuesta programática extensa y exhaustiva u otro,  un liderazgo u otro, pues los cambios que se avecinan dejarán obsoleta cualquier proyección y cualquier elegido quedará superado. No estamos en momentos de certezas sino de interrogantes y solo puede garantizarse un cierto éxito si elegimos a quienes se comprometan a innovar ante problemas inéditos, ostenten cierto talento colaborativo, puedan hacer equipos con lo mejor de nuestro compañeros y compañeras y sepan construir colectivamente la respuesta que el Notariado puede y debe ofrecer a la sociedad de la que depende y a la que se debe. La respuesta a los retos actuales y futuros de nuestra noble profesión será colectiva o no será y, para hallarla necesitamos de todos, no solo de los candidatos; y, en esta tarea como hemos dicho en otras ocasiones no sobramos nadie y, por tanto, no es tarea reservada a vanguardia alguna.

4º.- Estos retos solo pueden afrontarse desde una adecuada compensación económica a todos los Notarios que tengan una dedicación exhaustiva a la Corporación; y, aunando la dirección de los proyectos a cargo de notarios y la ejecución y colaboración por profesionales cualificados (abogados del estado, catedráticos, ingenieros, periodistas, etcétera). Desde el punto de vista económico es más barato pagar a los mejores que saldar los errores cometidos.

5º.- Y, para todo ello, entendemos conveniente diseñar, aprobar e implementar un Plan Estratégico del Notariado del Reino de España con horizonte, al menos,  en el año 2020; del cual será pieza esencial un informe de la situación económica tanto de los despachos como de las distintas instituciones y entidades del Notariado.

Este Plan es impensable sin arbitrar las herramientas que permitan a todos los Notarios participar en un espacio y tiempo (aunque sea virtual) de debate sobre las fortalezas y debilidades del ejercicio actual de nuestra función y su adecuada proyección.

En coherencia con lo dicho y como pieza inicial para propiciar un debate o reflexión, lo más profundo y extenso que sea posible, a la espera de otras herramientas corporativas  os facilitamos una sede en internet para incluir todas vuestras ideas, preguntas y aportaciones: *******

 

Un cordial saludo.

 

Murcia, 15  de octubre de 2012

 

José Javier Escolano Navarro

Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro

Patricio Chamorro Gómez

Carmen Rodríguez Pérez

María Victoria Martín del Olmo Mengual

José Miguel Orenes Barquero

Ana Martínez Martínez

 

 

  1. jjescolano |

    El decrecimiento económico y el fracaso institucional que venimos padeciendo desde hace más de un lustro están dejando profundas heridas en los ciudadanos, familias, organizaciones, empresas, asociaciones e instituciones, que no  podemos ignorar. La incertidumbre se extiende y los ciudadanos y Sociedad en su conjunto reclamar certezas y seguridad.
    Por eso creo que el Notariado tiene que hacer un esfuerzo para cambiar el lenguaje por otro más claro e innovador en la forma y un contenido de herramientas que ampare y ayude a los ciudadanos. Es decir, utilizar el talento y conocimientos que los Notarios atesoramos para plantear propuestas que ayuden a las personas, empresas y organizaciones.
    En el fondo este es el sentido de esta candidatura y del espacio.
    J. Escolano
     

  2. jjescolano |

    He terminado la lectura de un libro editado por la Fundación Registral del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, de Rafael Calvo, titulado “Revisión del principio hipotecario de legalidad”, en el cual el auto, haciendo verdad el enunciado del libro, dice literalmente que “… el principio de legalidad se refiere únic y específicamente a la calificación registral o control de legalidad del acto a los efectos de su acceso al Registro de la Propiedad. Como contrapartida, la titulación auténtica, más que como principio hipotecario, debe configurarse como uno de los medios de pruebga de la calificación registral” (página 269)
    En definitiva, mientras la calificación registral como control de legalidad es imprescindible, el documento público es mera forma y uno de los medios de prueba de dicha calificación registral. Y, por eso a juicio del autor, “no debe elevarse la exigencia de titulación pública al ámbito de los principios hipotecarios, ni debe exigirse tal titulación por la mera aplicación rutinaria del artículo 3 LH cuando pueda resultar lo contrario de cualquier otra regulación específica” e igualmente afirma que “por otro lado debe evitarse la tendencia absorbente de la escritura notarial.
    Frente a estas y otras doctrinas correctoras de los pilares sobre los que se ha construido nuestro eficiente sistema de seguridad jurídica preventiva (esto es, titulación pública y calificación registral), con claros intereses en disminuir elvalor del documento público notarial (incluso negando lo dicho por el artículo 1.462, CC), para reducirlo a un mero medio de prueba en igualdad con otros; es contra las que hay que defender la función notarial que ahora y desde hace siglos venimos ejerciendo.
     
     
     
     
     

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